Grupos católicos denuncian el poder del Vaticano en la ONU
Francisco Cañizares
Diario 16 (Spain), June 12, 1999

La asociación Católicas por el Derecho a Decidir cuestiona el estatus de la Iglesia, que utiliza para vetar las políticas que contradicen su moral sexual.

La organización internacional Católicas por el Derecho a Decidir pretende acabar con el estatus privilegiado del que goza la Santa Sede en las Naciones Unidas que le permite vetar todas las iniciativas de esta organización sobre educación sexual, promoción de la mujer o lucha contra el sida que contradicen su doctrina.

La Iglesia Católica disfruta de una situación en la ONU de la que no goza ninguna organización. El Vaticano se considera un estado no miembro con estatus de observador permanente, lo que le permite participar en las conferencias de Naciones Unidas, donde ejerce una influencia decisiva, bajo la ameneza de bloquear el consenso con el que se aprueban los documents que salen de las mismas.

El Vaticano, aluciendo que representa a 1,000 millones de personas, ha hecho valer su posición de privilegio en la ONU y ha condicionado el resultado de las conferencias de El Cairo sobre población en 1994 y la de Beijing sobre la mujer en 1995, hasta el punto de que los documentos finales aprobados tenían poco que ver con los que comenzaban a discutirse. El poder Vaticano en las conferencias ha colmado la paciencia de organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir que reclaman para la Santa Sede el lugar que le corresponde en la ONU. Y este no es otro que el que ocupan el resto de las religiones, representadas como organizaciones no gubernamentales y con el derecho a participar en algunos organismos, pero sin privilegios.

Paloma Alfonso, portavoz en España de Católicas por el Derecho a Decidir aclara que "no se trate de silenciar a la Iglesia como lider religioso sino de impedir que su posición de privilegio cercene la autonomía de la ONU e imponga sus posiciones retrógradas sobre la anticoncepción o la abstinencia sexual para luchar contra el sida." Este movimiento niega a la Santa Sede el derecho a representar a 1,000 millones de católicos, ya que la mayoria de ellos no comparten la doctrina de Juan Pablo II en temas relacionados con la moral sexual.

Católicas por el Derecho a Decidir y la Federación de Planificación Familiar de España han editado unas postales en las que se denuncia esta situación para que los interesados puedan enviarlas al Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Esta asociación piensa recabar el apoyo de otras organizaciones de la iglesia de base y de pensadores y teólogos progresistas. El presidente de la asociación de teólogos Juan XXIII, Enrique Miret Magdalena, considera que "el estatus de la Iglesia en la ONU debe cambiar para no utilize su influencia excesiva sobre los países del Tercer Mundo y evitar así que se tomen decisiones contrarias a lo que ella piensa."

Dado el poder del Vaticano, la propuesta tiene pocas posibilidades de prosperar, pero tiene el valor de suscitar un debate importantísimo; por qué una instancia religiosa tiene el poder de decidir las políticas que se aplican en todo el mundo. "Hay que recordar—dice Paloma Alfonso—que la Iglesia ha retirado su apoyo a la Unicef por defender la anticoncepción en países donde los niños se mueren de hambre, y esto en una organización que dice defender los derechos humanos, es inhumano."

La propuesta también ha sido bien acogida por movimientos que han sido víctimas de las invertivas de la jerarquía católica como los homosexuales. Javier Gómez, coordinador de asuntos religiosos de Cogun, piensa que "Lo más importante es que los católicos empiecen a decir lo que piensan y se movilicen para cambiar las posiciones de la iglesia sobre muchos temas." La iniciativa de Católicas por el Derecho a Decidir solo ha recibido hasta ahora como respuesta el silencio de la jerarquía católica.

A dos barajas

Teóricamente el Papa no tiene poder político; pero el Vaticano utiliza su situación jurídica internacional para jugar a dos barajas. Cuanta con los nuncios e influyentes relaciones diplamaticas. Estos actuan politicamente cuando le conviene a Roma. Del mismo modo la Iglesia usa de sus prerrogativas de Estado cuando le interesa. El Papa no viaja sólo como un líder espiritual, sino como jefe de Estado. Esta prerrogativa se hace más grave al debatir temas éticos en los foros internacionales. Lejos de ser una instancia testimonial la Iglesia se sienta en El Cairo o Pekín con muchas más armas que le Consejo Mundial de las Iglesias o que una ONG, lo que le permite influir en sus decisiones. Con ello, no pocos creyentes consideran que no es fiel a su fundador, que carecía de otra fuerza que la convicción de su palabra y su ejemplo. Algunos arguyen que su indole de Estado le da independencia. Pero sectores católicos aperturistas piensan que no basta eliminar la silla gestora; que los obispos son los sucesores de los apóstoles, por lo que deberían desaparecer Estado y nuncios, y la Iglesia hacerse presente como lo que es, una comunidad creyente que ofrece su verdad sin más presión su testimonio.